Entendiendo las Regulaciones de E-Facturación en Grecia
Grecia ha implementado regulaciones obligatorias de e-facturación, principalmente a través de la plataforma myDATA, que impactan tanto las transacciones de Empresa a Empresa (B2B) como las de Empresa a Gobierno (B2G). La Autoridad Independiente de Ingresos Públicos (AADE) regula la e-facturación y la presentación de impuestos en Grecia, con la plataforma myDATA introducida en 2021 para exigir la transmisión digital de facturas, gastos y datos contables en tiempo real o casi en tiempo real para todas las empresas. Este cambio tiene como objetivo modernizar el cumplimiento fiscal, simplificar la presentación de informes y mejorar la transparencia en tiempo real tanto para las empresas como para las autoridades.
Los requisitos difieren significativamente entre las transacciones B2B y B2G. Para las transacciones B2G, la e-facturación estructurada se volvió obligatoria en fases, comenzando en 2023 para proveedores en adquisiciones públicas. Para el 1 de septiembre de 2025, la e-facturación B2G se volvió completamente obligatoria para todos los contratos públicos que superen los €2,500, requiriendo e-facturas conformes a EN16931 enviadas a través de proveedores de e-facturación certificados conectados a la red Peppol. Las entidades del sector público también están obligadas a aceptar y procesar estas e-facturas.
Para las transacciones B2B, la e-facturación estructurada está pasando de ser opcional a obligatoria. Las fechas clave de cumplimiento son:
- 2 de marzo de 2026: Comienza la e-facturación obligatoria para grandes empresas con ingresos anuales superiores a €1 millón en el año fiscal 2023, con un período de implementación gradual hasta el 3 de mayo de 2026.
- 1 de octubre de 2026: La e-facturación obligatoria se extiende a todas las demás empresas, con un período de transición hasta el 31 de diciembre de 2026.
Esta obligación se aplicará tanto a transacciones nacionales como transfronterizas fuera de la UE, con facturas declaradas e intercambiadas a través de proveedores de servicios de e-facturación certificados. El incumplimiento puede llevar a sanciones o multas por parte de la autoridad fiscal, rechazo de facturas y problemas durante auditorías fiscales o reembolsos de IVA.