Entendiendo las Regulaciones de Facturación Electrónica en Finlandia
La facturación electrónica en Finlandia está regida por un sólido marco legal, principalmente la Ley de Facturación Electrónica Finlandesa (241/2019) y la Directiva de la UE 2014/55/EU, que exige la facturación electrónica en la adquisición pública. Esta legislación establece las bases para los requisitos del sector público y privado, con el objetivo de optimizar los procesos financieros y mejorar la transparencia.
Para los proveedores del sector público, la facturación electrónica ha sido obligatoria para transacciones de Empresa a Gobierno (B2G) desde el 1 de abril de 2020. Los organismos del gobierno central estaban obligados a aceptar facturas electrónicas desde el 1 de abril de 2019, con la obligación extendiéndose a todas las entidades públicas un año después. Además, desde el 1 de abril de 2021, las entidades del sector público y sus proveedores están obligados a intercambiar, validar y procesar facturas electrónicas que cumplan con la norma europea EN 16931. Las facturas no conformes son rechazadas, enfatizando la estricta adherencia a estos estándares.
Aunque la facturación electrónica B2B no es universalmente obligatoria en Finlandia, se fomenta fuertemente y se adopta ampliamente. Un motor significativo para esta adopción es el "derecho a recibir" facturas electrónicas: cualquier empresa con una facturación anual superior a €10,000 puede solicitar legalmente facturas electrónicas a sus proveedores. Esta disposición, efectiva desde abril de 2020, ha impulsado significativamente la facturación electrónica como la norma en las transacciones B2B. Todas las facturas electrónicas, ya sean B2G o B2B, deben incluir campos de datos específicos como el número de IVA del proveedor, la fecha de la factura y el monto del IVA aplicable, y deben ser almacenadas electrónicamente durante al menos seis años para asegurar la autenticidad y la integridad.