Entendiendo las Regulaciones de Facturación Electrónica en Suecia
La facturación electrónica en Suecia es obligatoria para todas las transacciones con el sector público, un requisito que ha moldeado significativamente el panorama de la facturación digital en el país. Desde 1 de abril de 2019, todos los proveedores de entidades del sector público sueco, incluyendo agencias gubernamentales centrales, municipios y regiones, están legalmente obligados a emitir facturas electrónicas. Este mandato está consagrado en la Ley de Facturación Electrónica en Contratación Pública (Lag 2018:1277), que implementa la Directiva de la UE 2014/55/EU sobre facturación electrónica en la contratación pública. Las autoridades contratantes del sector público, a su vez, deben ser capaces de recibir y procesar estas facturas electrónicas estructuradas.
Para transacciones entre empresas (B2B) y entre empresas y consumidores (B2C), la facturación electrónica actualmente no es obligatoria en Suecia. Sin embargo, el uso de la facturación electrónica en el sector privado es generalizado y está en crecimiento debido a sus beneficios de eficiencia. La Agencia Tributaria Sueca (Skatteverket) y la Agencia de Gobierno Digital (DIGG) son los principales organismos reguladores que supervisan el cumplimiento de la facturación electrónica. DIGG, específicamente, actúa como la Autoridad Peppol de Suecia. La no conformidad con el mandato del sector público puede llevar a sanciones impuestas por DIGG. También se están llevando a cabo discusiones para extender potencialmente la facturación electrónica obligatoria a transacciones B2B en el futuro, alineándose con la propuesta de IVA en la Era Digital (ViDA) de la UE, con una posible implementación alrededor de 2030.