Entendiendo las Regulaciones de Facturación Electrónica en Suecia
En Suecia, la facturación electrónica (e-facturación) es un requisito obligatorio para todas las transacciones con entidades del sector público. Desde el 1 de abril de 2019, todos los proveedores a autoridades contratantes del sector público, incluyendo agencias gubernamentales centrales, municipios y regiones, están legalmente obligados a emitir e-facturas para contratos firmados después de esta fecha. Este mandato proviene de la Ley de Facturación Electrónica en la Contratación Pública (2018:1277), que transponía la Directiva de la UE 2014/55/UE a la legislación nacional. En consecuencia, las entidades del sector público deben ser capaces de recibir y procesar e-facturas estructuradas que cumplan con la norma europea EN 16931. La Agencia Tributaria Sueca (Skatteverket) y la Agencia de Gobierno Digital (DIGG) son los principales organismos reguladores que supervisan estos requisitos. Aunque la e-facturación para transacciones B2B aún no es obligatoria, se adopta ampliamente debido a sus beneficios de eficiencia, y hay discusiones y propuestas en curso, particularmente a la luz de la iniciativa de IVA en la Era Digital (ViDA) de la UE, que podría extender la e-facturación obligatoria a transacciones B2B alrededor de 2030.